Convenio de Basilea y la ropa usada

La discusión internacional sobre textiles usados en el Convenio de Basilea ya no es un debate lejano para Tarapacá. Lo que se defina rumbo a la COP18 podría impactar directamente el modelo económico de la Zona Franca de Iquique, especialmente si se avanza hacia una exigencia de clasificar la ropa usada en el país de exportación y no en el país de importación.

El Convenio de Basilea abrió formalmente una línea de trabajo sobre textiles usados y residuos textiles dentro del programa del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) para el periodo 2026–2027. La tarea es revisar opciones para abordar los desafíos asociados al movimiento transfronterizo de residuos textiles, incluyendo una pregunta central: cómo distinguir entre textiles usados reutilizables y residuos textiles.

Para Iquique, esta diferencia no es menor. La ropa usada que ingresa por ZOFRI no llega simplemente para ser descartada: una parte importante es clasificada, separada y comercializada como producto reutilizable. En ese proceso participan importadores, trabajadores de selección, transportistas, bodegueros, comerciantes, servicios logísticos y compradores. La clasificación local no es solo una etapa operativa: es empleo, actividad económica y valor agregado regional.

El riesgo aparece si la respuesta internacional termina siendo demasiado rígida. Si se exigiera que toda la clasificación se realice exclusivamente en el país exportador, Tarapacá podría perder una de las funciones económicas más relevantes del comercio de ropa usada: revisar, separar, seleccionar, preparar y valorizar localmente productos que todavía tienen vida útil.

En simple, el valor se movería hacia afuera. Lo que hoy ocurre en galpones, bodegas y empresas de Iquique podría realizarse antes del embarque, en otro país. Eso significaría menos empleo local en selección, menos movimiento logístico, menor ocupación de espacios, menor comercio mayorista, menor demanda de servicios y menos actividad asociada al sistema franco.

También podría afectar ingresos vinculados al funcionamiento de ZOFRI y a toda la red de servicios que depende de este flujo comercial. No se trata solamente de importadores: detrás de la ropa usada existe una cadena de trabajadores, familias, transportistas, comerciantes, arrendadores, clasificadores, operadores y pequeños negocios que forman parte de la economía regional.

El debate ambiental es legítimo. El mundo busca evitar que residuos textiles sean enviados a otros países bajo la apariencia de ropa reutilizable. Sin embargo, una mala regulación podría castigar también al comercio formal de segunda mano, que cumple una función económica, social y ambiental: prolongar la vida útil de prendas que aún pueden ser usadas.

La pregunta, entonces, no es solo ambiental. También es económica: ¿dónde se crea el valor? ¿En el país exportador, antes de que la ropa llegue a Chile? ¿O también en el país importador, donde existe experiencia, empleo, clasificación local y posibilidades de trazabilidad y reciclaje?

Chile ya está avanzando en una política pública textil. La Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040 plantea fortalecer la reutilización, valorización, trazabilidad y desarrollo económico local del ecosistema textil. También propone promover la inclusión de residuos textiles no peligrosos dentro del ámbito del Convenio de Basilea, sujetos a mecanismos de notificación, autorización y control.

El punto crítico para ZOFRI es que Chile no solo debe defender la trazabilidad: también debe defender que la clasificación local en destino puede ser válida, siempre que exista información, control, declaración, manejo responsable de residuos y reciclaje de las fracciones no reutilizables.